El pacto entre la UE y Turquía para contener los flujos migratorios se resquebraja. Dos de sus principales puntos -la desaparición del visado para los turcos que viajen a Europa y las expulsiones de demandantes de asilo desde Grecia- están paralizados. Altos representantes turcos y europeos emprendieron una ofensiva diplomática la semana pasada para tratar de recomponer las relaciones. De momento, Turquía se declara poco optimista respecto al futuro de este marco, la única fórmula desesperada que fue capaz de consensuar la UE para mitigar la crisis de refugiados.
La diplomacia comunitaria respiraba tranquila el pasado 4 de mayo, después de que la Comisión Europea hubiera culminado su mayor gesto de aproximación hacia el Gobierno de Ankara en muchos años, al recomendar eximir a los turcos de los trámites consulares para desplazarse a la UE. Se daba así un paso fundamental hacia el mayor aliciente que han tenido los turcos para aceptar un pacto migratorio que contempla devolver a su territorio a todo migrante o refugiado que ponga un pie en las islas griegas. Menos de 24 horas después, el imprevisible presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, forzó la salida de su primer ministro, Ahmet Davutoglu, y dejó a Europa sin interlocutor.
Desde entonces, tanto Erdogan como otros altos cargos turcos han desafiado a la UE al asegurar que no cumplirán el principal requisito pendiente que les exige Bruselas para dar vía libre a la liberalización de visados: cambiar la ley antiterrorista. “Este es el talón de Aquiles [de la negociación]”, admitió el ministro turco para Asuntos Europeos, Volkan Bozkir, el pasado viernes en una entrevista con la agencia Reuters.
El ministro pasó buena parte de la semana entre Estrasburgo y Bruselas para reunirse con resonsables de las instituciones, entre ellos la alta representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogherini, el comisario de Vecindad, Johannes Hahn, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz y representantes de los grupos políticos. Su diagnóstico tras esa ronda de contactos fue demoledor: “No soy muy optimista sobre el resultado de las conversaciones. Resulta esencial que la Comisión Europea encuentre una nueva fórmula”.
La UE tratará por todos los medios de salvar el acuerdo, incluso aceptando retoques cosméticos por parte de Ankara. Porque su ruptura desvincularía a Turquía del control de los flujos migratorios y Europa asistiría de nuevo a miles de llegadas diarias de refugiados y migrantes desde las costas turcas. Nadie en la UE, desde la canciller alemana, Angela Merkel –su país es el principal receptor de demandantes de asilo- hasta Grecia, que cuenta con 54.000 migrantes estancados en su territorio, quiere pensar en un plan B.
Fuentes comunitarias quitan hierro al malestar actual e instan a esperar a que haya un nuevo Gobierno en Turquía para avanzar. Pero la situación resulta endiablada. La Comisión Europea considera que las leyes antiterroristas turcas “han tenido un impacto negativo en los derechos fundamentales”, con arrestos de periodistas y de académicos por motivos terroristas, y exigen un cambio acorde con los estándares europeos. Ankara argumenta que, con la ola de ataques terroristas que sufre, “no es posible políticamente” cambiar las normas.
El “chantaje de Erdogan”
La desaparición de visados se verá, en el mejor de los casos, postergada. Frente al compromiso maratoniano de haberla acordado en junio, las circunstancias alejan ahora ese horizonte. El Parlamento Europeo, cuyo voto es indispensable para eliminar trabas a los desplazamientos, se mostró la semana pasada muy beligerante con Ankara. Casi todos los eurodiputados que intervinieron en el debate plenario instaron a no ceder “al chantaje de Erdogan” y rehusaron retirar los visados si Turquía no cambia sus normas antiterroristas.
En el otro lado de la balanza, Europa sopesa la abrupta caída que han experimentado las llegadas a Grecia por el mar Egeo. Del pico de 214.792 que se daban el pasado octubre, en abril hubo menos de 2.700, según datos de Frontex, la agencia europea de fronteras. El dato, pese a todo, no ha llegado a cero y la situación para Grecia es ahora más desesperada si cabe porque ninguno de los migrantes que llegan puede continuar la ruta hacia el norte de Europa, como ocurría antes.
Un contratiempo, además, mantiene empantanado el principal argumento que ha empleado la UE para desincentivar las llegadas: la promesa de que todo el que llegue será devuelto. Hasta el momento solo 386 personas han sido expulsadas y ninguna de ellas había pedido asilo. Fuentes europeas explican que los jueces griegos están pidiendo a la Comisión algún tipo de garantía de que rechazar definitivamente sus solicitudes de protección no contraviene las normas. La justicia griega acumula cientos de casos pendientes porque todos los que desde el 20 de marzo vieron rechazado su expediente de asilo –con el argumento de que Turquía es un país seguro para ellos- recurrieron la decisión. Ahora la justicia griega no se atreve a dar el no definitivo por las dudas legales y morales que este pacto ha generado en entornos muy respetados como el de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados.
El País-España.
