La ola de protestas desatada por el “Paquetazo” de Lenín Moreno logró que el gobierno diera marcha atrás con el decreto que quitaba el subsidio en el combustible, que había provocado un aumento del 30 por ciento en el precio de transporte.
El sujeto que le puso el cuerpo a la resistencia de la medida, sin lugar a dudas, fue el Movimiento Indígena expresado, entre otras organizaciones, en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).
Fueron ellos quienes pusieron los muertos y sentaron al presidente, Lenín Moreno, en una mesa de diálogo junto a representantes de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal ecuatoriana.
Sin embargo, parece que el gobierno juega a dos puntas. Por un lado, entiende que sin acuerdo con los indígenas no es posible pacificar el país, pero el otro, avanza en la persecución contra los principales dirigentes del espacio de Rafael Correa.
Lenín Moreno apuntó los cañones contra el correísmo desde el inicio de las protestas, bajo la acusación de estar orquestando un intento de golpe con el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
De manera irresponsable, Moreno acusó en cadena nacional y sin pruebas que lo sustenten a los dirigentes Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Virgilio Hernández y Paola Pabón. En tándem con los medios de comunicación, el escarnio contra la fuerza de Rafael Correa se profundizó por el hecho que el Movimiento Revolución Ciudadana planteó el adelantamiento de las elecciones presidenciales como salida constitucional a la crisis, ante la resistencia de todo el establishment económico, mediático y político. Como reveló el audio en donde el asesor de la CONAIE y el gobierno en la mesa de diálogo, Enrique Ayala Mora, propone aislar al espacio de Correa al considerar que es quien mejor capitaliza el contexto de crisis.
La agudización de la crisis hizo que el presidente dejará de lado las teorías conspirativas para enfocarse en la militarización y represión de las principales ciudades y en la construcción de un puente de diálogo con los indígenas que, al consolidarse como el actor central de las revueltas, decidieron marcar distancia con Rafael Correa.
En redes sociales se ocuparon de tildar de sinvergüenza al expresidente, con quien tuvieron momentos de tensión y discordia durante su gobierno pero se vieron favorecidos por muchas de sus políticas.
El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, en un reportaje exclusivo con Resumen del Sur, calificó a Rafael Correa como “prófugo de la justicia ecuatoriana y el mayor de los corruptos de toda la historia de Ecuador”. Esta retórica fue la continuidad de las declaraciones públicas de la CONAIE en redes sociales y la antesala del comunicado en el que organización le exige una serie de puntos entre los que se destacan el pedido de renuncia a funcionarios de Moreno, la derogación del decreto 883 y la aprobación de una ley de extinción de dominio que recupere los bienes de la corrupción. Este último es un tiro por elevación al correísimo.
Una vez confirmada la eliminación del decreto y la creación de una comisión que tendrá, además del gobierno y los indígenas, a la Conferencia Episcopal y representantes de la ONU, Jaime Vargas, acusó de terroristas a los mismos dirigentes que Moreno había mencionado en cadena nacional, alimentando la versión que el correísmo fue responsable de los desmanes con la intención de sacar al Jefe de Estado del poder.
Está claro y es legítimo que la Conaie tenga diferencias con el espacio de Correa, siempre las tuvieron y las dirimieron en las urnas, ya que, la organización indígena está agrupada en el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP-18) y cuenta con cinco asambleístas, cuatro Prefectos y 20 alcaldes. Apoyaron a Lucio Gutiérrez en 2002 (luego fueron parte de las protestas que lo derrocaron) y presentaron como candidatos a Luis Macas, Alberto Acosta y Paco Moncayo en donde obtuvieron 6, 3 y 2 por ciento en los comicios de 2006, 2013 y 2017.
La importancia y el rol del movimiento indígena en las diferentes resistencias populares y en el sistema político ecuatoriano es imposible de soslayar, entre otras cosas, porque expresan el 7 por ciento de la población y, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del año 2018 superó los 17 millones de habitantes. También, fue clave parte central en la redacción de la Constitución de Montecristi en 2008 durante la Revolución Ciudadana que configuró las instituciones de la última década. A partir de esta realidad es que su responsabilidad ante la erosión del Estado de Derecho es relevante.
En este marco, y con la necesidad de subrayar que gracias a la movilización de los indígenas el gobierno dio marcha atrás con una parte del “paquetazo”, cabe destacar que la CONAIE está llevando a cabo un juego peligroso en el cual, con el afán de marcar distancia y evitar que Rafael Correa capitalice la crisis, alimenta una persecución sin precedentes contra dirigentes que se manifestaron en contra del ajuste con la misma contundencia que ellos.
Ante este panorama, el Canciller Ricardo Patiño y los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Luis Fernando Molina, Soledad Buendía y Carlos Viteri serán asilados por el gobierno de México, la exalcaldesa Alexandra Arce y la Prefecta de Pichincha Paola Pabón están detenidas y el ex asambleísta, Virgilio Hernández, con orden detención. ¿El motivo? Haber sido parte de una conspiración internacional para derrocar al gobierno, argumentos similares a los que utiliza Nicolás Maduro para detener a opositores, una paradoja de la geopolítica regional.
Un elemento para tener en cuenta es que muchos de los dirigentes exiliados, detenidos y perseguidos pertenecen al grupo de presidenciables, ante la imposibilidad de Rafael Correa de presentarse, producto de la reforma constitucional de febrero de 2018. ¿Estarán queriendo limpiar de candidatos opositores competitivos para las elecciones de 2021? Eso ya se ha visto.
Con la derogación del decreto, Lenín Moreno logró descomprimir la tensión, desmovilizar a los indígenas y neutralizarlos pero abrió una verdadera caza de brujas que no puede ser aceptada por quienes dicen defender la democracia y combatir al neoliberalismo.
